Perú. ¿Año
de la justicia?
Por: Jorge Zavaleta Alegre*
Periodista
Fujimori
es culpable. Recobraría su libertad el 10 de febrero
del 2032. El fallo judicial es saludado por la mayoría
de peruanos, pero rechazado, como era de esperar, por los
familiares del ex presidente, simpatizantes y beneficiarios
directos del régimen más corrupto de la historia
republicana del Perú y responsable de crímenes
de Estado, como parte de su política contra el terrorismo.
La
condena de 25 años de prisión por delitos
de lesa humanidad, fue aprobada unánimemente por
el Tribunal peruano, después de 17 años de
haberse cometidos los crímenes. A Alberto Kenya Fujimori
Fujimori, la justicia le reserva el derecho de apelación,
aunque diversos juristas indican que es improbable que dicha
sentencia sufra modificaciones.
Más
allá de toda duda razonable, los jueces han encontrando
responsabilidad penal en el ex mandatario, por haber creado
y dirigido una maquinaria extralegal, que actuaba con alevosía
y premeditación para acabar con sus opositores. El
tribunal también ha hallado responsabilidad de asesinatos
extrajudiciales de varias personas en Chimbote y Pativilca
y los frustrado crímenes del entonces parlamentario
Javíer Diez Canseco y de Yehude Simon, actual premier
del gobierno aprista.
Una
eventual amnistía para el ex mandatario, por parte
del actual presidente Alán García, es una
opción muy difícil, por cuanto los crímenes
de Estado, según la legislación local y el
Derecho Internacional son imprescriptibles. García
- según el tribunal que juzgó a Fujimori -
durante su primer gobierno habría cometido “omisiones
impropias” en el caso de la masacre de la comunidad
andina de Acomarca.
Los
familiares de las víctimas inocentes han expresado
su satisfacción por el fallo judicial y esperan también
las respectivas indemnizaciones. Sin embargo, este avance
no significa que el poder judicial sea una institución
que goza del respeto ciudadano. Por el contrario, la estructura
del fujimorismo se mantiene casi intacta y en muchos casos
está vinculada con diversos fallos a favor de cabecillas
del narcotráfico. A la fecha quince ex ministros
de Fujimori están involucrados en diferentes delitos
administrativos del oncenio.
“El
caso peruano es un hito porque llega a una sentencia”,
precisa el Centro Internacional para la Justicia Transicional
(ICTJ), que apoya a países que luchan contra la impunidad,
en la búsqueda por enfrentar el legado de crímenes
masivos y atribuir responsabilidades por violaciones de
los derechos humanos. La opinión es interesante,
considerando que en el mundo, desde 1990 a la fecha, se
han dado 69 ocasiones de jefes de estado comprometidos en
este tipo de delitos, pero que solo 35 de ellos han llegado
a la justicia y solo el 17% ha sido condenado.
La
justicia peruana para sancionar a Fujimori ha recibido constantes
presiones e invalorables aportes de instituciones como Amnistía
Internacional, Defensoría del Pueblo, OEA, EEUU con
la liberación de documentos y de la Comisión
de la Verdad.
Los
fujimoristas, durante el proceso judicial, mantuvieron una
constante admiración a los miembros del tribunal
presidido por César San Martín, frente al
fiscal que pidió 30 años de condena. Sin embargo,
a partir de hoy los ministros fujimoristas comenzaron a
cuestionar a los diferentes magistrados, sosteniendo que
algunos fueron separados, injustamente, por Fujimori, y
que su actuación estaría alimentada por la
venganza.
Este
discurso es continuado por Keyko Fujimori, quien califica
el fallo como venganza política, al mismo tiempo
que ratifica su candidatura presidencial en las elecciones
del 2011 y promete el indulto para su padre.
Símbolo
esperada
El
2009 será el año en que la justicia recaerá
sobre un ex presidente que “simboliza mucho de lo
peor que nuestra sociedad ha sido capaz de expresar en las
últimas décadas”, señala la Coordinadora
Nacional de Derechos Humanos en su Informe Anual del 2008,
al mismo tiempo que propone una agenda mínima con
los riesgos que enfrenta la población y así
como los déficits más serios por parte del
Estado.
“No
nos alegremos por la suerte de un hombre y la pena de su
familia. Reconfortémonos sí por lo que representa
en términos de mensaje de igualdad ante la ley, de
consuelo para las miles de víctimas, y de legitimidad
para nuestra democracia tan frágil”, remarca
el documento.
La
trascendencia del fallo no impide que la ciudadanía
peruana siga descontenta porque las reformas institucionales,
iniciadas en el 2000, durante el gobierno de transición
de Valentín Paniagua, aguardan una nueva administración
estatal. Las recomendaciones de la Comisión de la
Verdad ocupan un lugar muy secundario por los actores políticos,
y sus actividades son sistemáticamente objeto de
desprestigio desde las esferas más altas del poder.
Es imprescindible reformar la justicia militar para evitar
que siga interviniendo en casos de violación de derechos
humanos.
En
el plano internacional, se encuentra pendiente la adecuación
de la legislación penal peruana al Estatuto de Roma
de la Corte Penal Internacional y la implementación
del Mecanismo Nacional de la prevención contra la
Tortura.
El
Gobierno aprista ha dejado pasar la mitad de su mandato
sin impulsar una política pública de derechos
humanos coherente e integral. El gobierno subestima los
derechos humanos, mediante la criminalización de
la protesta social. No protege a la prensa independiente
sobre todo del interior del país. Hostiliza a las
organizaciones de la sociedad civil, que actúan como
agentes de vigilancia ciudadana y ha pretendido afectar
los derechos colectivos de pueblos indígenas y nativos
con el ingreso inconsulto del capital transnacional.
Hasta
ahora no hay atención a las demandas de justicia
de las víctimas de violaciones de derechos humanos.
Todavía no existe un programa de indemnizaciones
a los familiares de las 70 mil víctimas de la violencia
de la guerra contra sendero, cifra emblemática de
la Comisión de la Verdad y Reconciliación.
El
panorama social es más complejo por la activación
de dos nuevos problemas. La prensa ha denunciado casos de
“limpieza social” practicados presuntamente
por miembros de la Policía Nacional, en Trujillo,
ciudad donde se fundó el Apra, en contra de delincuentes
comunes. De corroborarse esta situación, al menos
20 personas habrían sido asesinadas en estas circunstancias.
El
segundo problema es la reactivación de una extensa
zona de lucha contrasubversiva en la región central
del país, en Valle de los Ríos Apurímac
y Ene. La actual intervención estatal, básicamente
militar y sin dirección de la autoridad civil, coloca
en situación de alta vulnerabilidad a la población
campesina de la zona y a los propios agentes de seguridad
del Estado. Luego de 8 años se ha vuelto a denunciar
en el Perú ejecuciones extrajudiciales, desapariciones
forzadas.
Barrios
altos y La Cantuta
La
sentencia a Fujimori recae específicamente por los
crímenes de Barios Altos, Universidad La Cantuta
y el secuestro del empresario Samuel Dyer y el periodista
Gustavo Gorriti, causales que fueron determinadas por la
justicia chilena, al autorizar la extradición de
Santiago en el 2006, ciudad donde ingresó clandestinamente,
procedente del Japón.
El
caso Barrios Altos, según pruebas irrefutatables
recogidas por el tribunal, fue un asesinato colectivo, en
1991, por acción de agentes del Estado. Las víctimas
fueron veinte personas, de las cuales 15 murieron y cuatro
quedaron afectadas en su integridad física. Las investigaciones
corroboran que fue un atentado contra gente inocente, que
celebraba una fiesta en una quinta cercana al Parlamento,
en el centro de Lima.
Sobre
este caso, la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos resolvió el 14 de marzo del 2001 que el Estado
peruano impidió deliberadamente la investigación
de crimen mediante la imposición de mecanismos legislativos
y judiciales para encubrir a los culpables.
Pocos
meses después, ese gobierno lideró un golpe
de Estado, cerrando el Congreso el 5 de abril de 1992. Las
acciones contrasubversivas no se detuvieron, y el 18 de
julio de ese mismo año, con aprobación de
mandos supremos, nueve estudiantes y un catedrático
de la Universidad Nacional de la Cantuta, fueron ejecutados
con ametralladores, incinerados y sepultados en lugares
clandestinos. El gobierno, por presión de algunos
sectores sociales, no tuvo otra opción que enjuiciar
y sancionar a los responsables, con el avocamiento ilegal
por un fuero militar.
Esta
política autoritaria prosiguió, y en 1995
el llamado Congreso Constituyente Democrático con
los votos del partido fujimorista Cambio 90, aprobó
la ley de amnistía amplia y general para los militares
y policías implicados en las violaciones de los derechos
humanos que contravenía pactos internacionales suscritos
por el Perú.
Con
esta decisión legislativa, quedaron archivados todos
los hechos derivados de la lucha antiterrorista desde 1980.
Se prohibía explícitamente investigar los
casos donde estaban comprometidos militares y policías
y se ordenó suspender y archivar cualquier investigación
en directa relación con Barrios Altos y La Cantuta,
entre otros.
El
fallo del martes
El
fallo del martes 7 de abril, era esperado por una amplia
mayoría de ciudadanos, aunque los fujimoristas y
sus medios de comunicación aliados, pretender dar
la imagen de que la hija mayor del asesino, es una alternativa
de poder. Los analistas más serios consideran que
aún estamos lejos de las elecciones generales del
20011, y se puede presumir que los seguidores del fujimorismo
podrían ser cada vez menos y que en el mejor de los
casos, el movimiento lograría solo unos cuantos curules
en el Congreso, institución que el ex mandatario
no tuvo reparo en cerrarlo.
La
sentencia estuvo precedida de una vigilia. Seguidores de
Alberto Fujimori se concentraron durante la noche en las
inmediaciones de la Dirección Nacional de Operaciones
Especiales de la Policía Nacional (Dinoes) donde
es juzgado su líder. En cambio los familiares de
las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta se dieron
cita el frontis de Palacio de Justicia, al mismo tiempo
que diversas organizaciones sociales sancionaban el autogolpe
fujimorista del 5 de abril de 1992.
Fujimori
en su autodefensa, aprovechó la benevolencia del
tribunal para dar un discurso político, e insistió
en que no existen pruebas en su contra, y preguntó
a la sala por qué a sus antecesores Fernando Belaunde
y Alan García no los procesaron por excesos que se
cometieron en sus gobiernos (matanzas de Putis y Cayara).
“Fujimori está pidiendo a gritos la intervención
de García”
Este
proceso ha servido para no olvidar los crímenes de
las dictaduras de Pinochet, Videla, Meza, entre otros casos
de América Latina. En las calles y plazas, ya en
carteles o en conversaciones, la gente repite frases como
estas:
“El
mundo no está amenazado por las malas personas, sino
por aquellos que permiten la maldad. Fujimori está
siendo juzgado no por sus errores sino por sus delitos.
Pinochet era un hombre “honrado” y solo muerto
se descubrió que era ladrón y su fortuna fue
expoliada al fisco Chileno. La pacificación fue fruto
del trabajo de los campesinos ronderos, y de valientes policías
que capturaron al líder de Sendero Luminoso Abimael
Guzmán sin disparar una bala sino con el trabajo
estrictamente profesional.
Cómo
puede hablar Fujimori de haber sido un gobernante honesto,
cuando fue él quien que llenó 45 maletas de
videos, dinero y botines diversos, tomó el avión
presidencial y pasó de Brunei a Tokio, donde pidió
asilo y desde donde renunció por fax a la presidencia
de la República. Quince de sus ministros o están
presos o están con orden de captura por ladrones.
Ya tiene una condena de seis años por allanamiento
ilegal a la casa de Trinidad Becerra, esposa de su socio
Montesinos.
Por
otra parte, el presidente del tribunal estableció
la fecha del 11 de mayo para la apertura del siguiente caso
contra Fujimori, el de los llamados "quince millones",
en referencia al pago de quince millones de dólares
al entonces asesor presidencial Vladimiro Montesinos. Este
delito está penado con un máximo de ocho años.
Poco
futuro para Apra y Fujimori
Fujimori
niega haber ordenado matar a Alan en 1992. Pero según
voceros oficiales del Apra, el día del autogolpe,
intentó asesinar a García. El entonces presidente
del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo, que también
sufrió el secuestro por cuatro señala que
el golpe dado por Fujimori sirvió para la formación
de un "narco-estado", debido a los vínculos
de su entonces asesor Vladimiro Montesinos con los capos
del narcotráfico.
El
fujimorismo tiene una gran capacidad de sobrevivir. Mientras
un sector aprista rechaza toda cercanía con Fujimori,
el presidente García Pérez tiene lazos intensos
con el fujimorismo. Sus dos vicepresidentes no esconden
simpatías fujimoristas y comparten con el su presidente
en la necesidad de controlar las futuras elecciones, discurso
que configura, justamente, una lógica autoritaria
y fraudulenta. La oposición política considera
que las próximas elecciones no será solo el
triunfo de un candidato sino también las posibilidades
de poner fin al modelo económico, al autoritarismo,
a la corrupción y de transformar nuestra democracia,
donde no habrá mucho espacio para el Apra y menos
para el fujimorismo.
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* Jorge Zavaleta Alegre
Periodista
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Fujimori:
La Prensa amenazada Un
caluroso viernes, al mediodía, del mes de marzo
de 1994, recibí una llamada. “Le habla
el director de fronteras de la cancillería”,
escuché del otro lado de la línea telefónica,
servicio con el cual Fujimori había inaugurado
el masivo remate internacional de las empresas públicas
del Perú. “Nos gustaría invitarlo,
esta noche a las ocho, en nuestras oficinas para conversar
sobre un artículo relacionado con “la paz
ecuaperuana” que usted ha publicado en Cambio16
y que nuestro embajador en Colombia ha tenido la amabilidad
de adelantarnos vía fax” |
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Perú:
¿Año de la justicia? Fujimori
es culpable. Recobraría su libertad el 10 de
febrero del 2032. El fallo judicial es saludado por
la mayoría de peruanos, pero rechazado, como
era de esperar, por los familiares del ex presidente,
simpatizantes y beneficiarios directos del régimen
más corrupto de la historia republicana del Perú
y responsable de crímenes de Estado, como parte
de su política contra el terrorismo. |
